TORRE FUERTE
*Aliados, de dudosa reputación…
*Demagogia política del presidente
*Óscar Ibáñez, el mandón de la JMAS
*Maru, gestiones ante CONAGUA y NAFINSA
*A ver si Pablo Gómez no sale con un tirititito

Aliados, de dudosa reputación… /
Al ya de por sí complejísimo y ‘manoseado’ caso del sistema de transporte semimasivo BRT I y II -donde los concesionarios del servicio han decidido en los últimos meses ‘blindarse’ de señalamientos y actos de corrupción-, los organismos de Coparmex y Canacintra han agarrado una auténtica ‘papa caliente’.
En el plan de vuelo para ‘maquillar’ y avalar la operación y millonario plan de inversión en el transporte público de Ciudad Juárez que supera los 2 mil millones de pesos por parte del exgobernador Javier Corral Jurado, por el supuesto ‘bien superior’ de Juárez, decidieron convertirse en ‘aval’ de los concesionarios y entrarle a los negocios del transporte semimasivo de BRT.
Resulta que Thor Salayandía, el chavo presidente de los industriales abrió la ‘caja de pandora’ y ha admitió a toda una banda de ‘finísimas personas’, encabezados por Raúl Rodríguez Santillanes, el exjefe de los Servicios Públicos y ‘socio’ del exalcalde Armando Cabada Alvídrez, responsable del desastre financiero que llevó a la quiebra la operación del Fideicomiso del Sistema de Transporte BRT-1.
Cuyas denuncias, como lo hemos citado una y otra vez en Torre Fuerte, están archivadas en algún cajón de la Secretaría Estatal de la Función Pública desde los tiempos de Stefany Olmos, exfuncionaria en el gabinete de Javier Corral, donde yacen los documentos y la lista de gastos millonarios ejercidos sin supervisión alguna por parte de Rodríguez Santillanes.
El también presidente de la Integradora de Transporte (INTRA) que administra el sistema de vivebús y que metió a la nómina del Vivebus al Secretario Técnico de Transporte del Estado, José María Fernández Sigala, se llevó con él a los empresarios de transporte de personal, Héctor Salazar y Baltazar Samaniego, a Carlos Hernández, dirigente de transporte en la CTM y a Rubén Vega para hacer contrapeso a los intereses de Matías Prieto Carrillo, de Juan Carlos Saldívar y de Ever Morales, en una rebatinga de intereses de los concesionarios de transporte que pretenden hacer ‘negocios’ con el gobierno del Estado, pero ‘protegidos’ por los organismos del sector privado.
Desde que Ever Morales y otros transportistas recibieron apoyo del presidente de la Coparmex, José Mario Sánchez Soledad, se polarizaron los intereses de los concesionarios.
Unos jalaron a Coparmex y otros a Canacintra, en tanto que otros ‘navegan’ con los buenos vientos del gobierno estatal como es el caso de Juan Carlos Saldívar que pretende hacer valer su relación y amistad con el excandidato a la presidencia municipal por Morena y el PAN, y actual secretario estatal de Educación, Javier González Mocken que se ha convertido en el verdadero protector de los intereses de Saldívar.
Y sino que se lo pregunten a la empresaria y ex representante del gobierno de Chihuahua, Alejandra de la Vega Arizpe, a quien gente cercana a González Mocken convenció para mantener en la jugada de los intereses del transporte a Juan Carlos Saldívar cuando entonces nadie daba ya un ‘cacahuate’ por el empresario que tiene intereses en el ECO-Bus y en líneas ramales del transporte en diversos puntos de la ciudad.
Sabrá Dios qué harán los gobiernos encabezados por la mandataria estatal, María Eugenia Campos y el alcalde Cruz Pérez Cuellar para darle viabilidad financiera y bajo que costo al oneroso sistema de transporte semimasivo, cuyo funcionamiento va para largo.
No serán dos, ni tres meses, quizás un poco más de tiempo para que puedan entrar en servicio los camiones y las unidades articuladas, y cuyos fabricantes no querrán perder en la operación de negocios.
Quién sabe a qué se atengan los empresarios de los organismos del sector privado, pero eso de firmar ‘cheques en blanco’ a favor de los rudos y voraces concesionarios de transporte, tiene fuerte trasfondo para proteger una millonaria inversión de los amigos y ‘socios’ del exgobernador de Chihuahua y de presuntos cómplices.
Maru Campos debe saber que BRT I y BRT II, cuyos fideicomisos fueron autorizados por los diputados de las legislaturas locales en los tiempos de los exgobernadores César Duarte y Javier Corral, tienen serio trasfondo de opacidad y corrupción.

Demagogia política del presidente /
La definición del concepto de la palabra “demagogia” no puede ser más atinada en la praxis política del presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar que hace una tempranera y ambiciosa campaña rumbo a la reelección de 2024, si acaso se lo permite el partido de Morena, para luego dar el ‘mortal’ salto a la candidatura al gobierno del estado de Chihuahua.
Pero la definición del término de ‘demagogia’, entendiéndose como “el empleo de halagos, falsas promesas que son populares pero difíciles de cumplir y otros procedimientos similares para convencer a los gobernados y convertirlos en instrumento de ambición política”, saltaron ayer a la ‘luz’ en la conferencia de prensa donde el alcalde dijo que el nuevo servicio médico “mejorará la atención a los derechohabientes del municipio”.
El presidente municipal justificó el contrato de ‘ADACA S.A. de C.V’, que reconoció como un simple Call Center, y hasta vertió detalles del nuevo esquema subrogado que solo en el papel “brinda el servicio médico a 25 mil derechohabientes”.
Querrá el alcalde que los juarenses, especialmente los sindicalizados, jubilados y pensionados y sus familias se chupen un boli, porque las cosas no son como las pretende justificar.
Hubo irregularidades en las maniobras de la adjudicación de un contrato a una empresa que tiene dirección en Polanco en la capital, y demasiada opacidad en torno a los términos y las promesas del cumplimiento de un contrato de servicios médicos que dicen que incluso fue ‘plagiado’ en su contenido -similar al de Poliplaza- para beneficiar a la empresa de la capital mexicana por instrucciones de la titular de Servicios de Salud del gobierno, Daphne Patricia Fernández Santana.
Ya llegarán las verdaderas broncas cuando los derechohabientes demanden algo más que un servicio de atención especializada en la salud.
Al margen de las múltiples quejas sobre los malos servicios de la empresa Hospitales de Juárez S.A de C.V. que administra la Poliplaza Médica, que mantiene hasta este día el servicio de atención a derechohabientes en ese hospital, a pesar de la notificación hecha por la Oficialía Mayor con fecha del 7 de enero pasado, bajo el contrato número JUR/SM/0427/2011, las cosas no está nada bien en la política de procedimientos.
Versiones sobre la presunta intervención de la diputada panista del Distrito 05, Marisela Terrazas Muñoz, a quien el alcalde Cruz Pérez Cuéllar habría recibido por estos aciagos días, relacionados con los contratos de servicios médicos y a favor del exdiputado y regidor panista, Víctor Talamantes, ‘surcan’ los espacios relacionados con una operación donde no pocos pretendían ganar.
Una maniobra con el sello del DIAHC, y con el respaldo del representante de la gobernadora de Chihuahua, Oscar Ibáñez y del propio Talamantes. Dicen que del resto se encargó la diputada de la sexagésima séptima legislatura del Congreso del Estado.
Ayer el presidente municipal en su conferencia ‘semanera’ del Chamizal soltó demagogia pura.
Justificó la subrogación del nuevo esquema de salud, y hasta se dio el ‘lujo’ de prometer un servicio médico integral y de calidad.
El mensaje a los servidores públicos y sus familias fue, aunque usted no lo crea, fue el siguiente: “que no se preocupen, pues la administración que encabeza seguirá respetando sus derechos y garantizará la atención médica, pues ahora cuenta con mejor equipo en materia de salud y un trato digno para los beneficiarios” …
Demagogia pura del señor presidente municipal.
Habrá que esperar, sin embargo, el amparo que está en proceso de resolución y cuya audiencia se llevará a cabo en los primeros días del mes de febrero.
Mientras tanto que le crea al presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar quien no lo conozca.
Óscar Ibáñez, el mandón de la JMAS /
Por cierto, allá por los terrenos de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) sigue ganando la ‘batalla’ de poder, Ramiro Carlos Meza, el protegido de Oscar Ibáñez, el actual representante de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos.
Sigue acotado el disciplinado presidente de la descentralizada Sergio Nevárez, que no ve la hora en que realmente pueda mandar al interior de la Junta, donde predomina el grupo que mantiene Ibáñez, a pesar de la salida de Norma Sepúlveda, a quien se le cargaron todas las ‘pulgas’ por señalamientos diversos relacionados con la adjudicación de contratos que beneficiaron al grupo de poder.
Ibáñez le sigue pisando el pie.
Ahora Nevárez tiene que cargar hasta con una vieja demanda, de un líder de Anapra identificado como Jesús Durón que en 2020 tuvo que recurrir a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por presuntos cobros que pretendía la JMAS por el servicio de agua de la llamada ‘línea morada’, es decir, agua de las Tratadoras de Agua, como si fuera agua potable.
El Frente del Derecho del Agua (FDA), la agrupación que defiende a los habitantes de Anapra acusan presuntas maniobras y el desconocimiento de la ciudad por parte de Ramiro Carlos Meza, quien sustituyó a Manuel Herrera, y que llegó a Juárez por invitación expresa de Óscar Ibáñez, quien entonces era el presidente de la Junta Central de Aguas (JCA) con Javier Corral.
Durón posteó en redes sociales:
“A prepararnos todos para obligar a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) que respete los derechos del agua y salud de los moradores del Puerto de Anapra”.
Dicen que hasta la CNN tiene en proyecto una investigación sobre las aguas del alcantarillado que van directamente al río Bravo, en la consecuente contaminación del agua.

Maru, gestiones ante CONAGUA y NAFINSA /
Buen sabor de boca dejó allá por la capital del país, la visita de la gobernadora María Eugenia Campos a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y ante Nacional Financiera.
En la primera reunión el propio titular de la Comisión, Germán Martínez Santoyo, destacó el encuentro que sostuvo con la gobernadora, en la que hablaron sobre diversos temas de la agenda del agua.
“Tuve el gusto de recibir en las oficinas de la Conagua a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, con quien platiqué de diferentes temas de la agenda hídrica. Reconozco su sensibilidad e interés de trabajar en coordinación con el gobierno de México para atender los temas del agua”.
Nacional Financiera (NAFIN) anunció ayer, por cierto, con motivo de la visita de la gobernadora, acciones conjuntas y el relanzamiento del programa ‘Impulso NAFIN’, para reactivar la economía local y apoyar con créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) del estado Chihuahua.
Estuvo presente en la reunión de la capital, el director de NAFIN y de BANCOMEXT, Luis Antonio Ramírez Pineda, que acordó junto con líderes una oferta de financiamiento que será de gran apoyo a los empresarios y comerciantes de Chihuahua que necesitan recursos para reactivar su productividad y mantener y generar más empleos.
“Queremos apoyar a las empresas de Chihuahua, además de participar en forma activa en un estado estratégico para el país y para el Plan México, que busca incrementar la competitividad de las cadenas de suministro, desarrollando proveedores en sectores de alto impacto”.
Y apoyados con el liderazgo y sensibilidad de la gobernadora Maru Campos llegaremos a quienes más lo requieren, dijo el titular de la banca de desarrollo.

A ver si Pablo Gómez no sale con un tirititito /
La exdiputada panista y ahora legisladora local por Morena, María Antonieta Pérez Reyes prometió llevar el caso del escándalo del Grupo Financiero ARAS a la mismísima Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo ahora de Pablo Gómez Álvarez.
La diputada anunció que busca que se formalicen acuerdos de trabajo conjunto con la Fiscalía General del Estado (FGE) y se proceda a la congelación de cuentas del grupo ARAS.
De acuerdo con Pérez Reyes, la legisladora que encabeza los trabajos para la presentación de una acción colectiva aseguró que la Fiscalía del Estado tiene carpetas de investigación “robustas” respecto a las denuncias en contra del Grupo ARAS.
Adelantó que insistirán ante las autoridades federales debido a que existe sustento de que hubo comisión de delitos del fuero federal, debido a que la empresa recaudó con la acreditación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Habrá que ver si Don Pablo Gómez no sale con un tirititito, como sucedió con las carpetas de investigación que hace ya algunos meses, presuntamente vinculaban al entonces ex senador de Morena, Cruz Pérez Cuéllar, en la relación de sobornos y corrupción vinculado al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.
Comentarios: [email protected]
