TORRE FUERTE
- Sucesión 2024, el presidente ha decidido
- INM y Delegación de Bienestar, responsables
- ‘Crimen de Estado’, en el depósito trasero
- Goray Yosiaka y Gaytán Saucedo, al paredón
- Organizaciones y Colectivos exigen justicia

Sucesión 2024, el presidente ha decidido
Ahora que la mirada de las ‘corcholatas’ y los presidenciables está puesta en la sucesión de 2024, donde parece que la tragedia de los 40 migrantes muertos en una estación del Instituto Nacional de Migración de Juárez, es un mero ‘accidente’, se define finalmente el camino sinuoso a las elecciones presidenciales del próximo año;
El golpe de dos ‘bandas’, operado desde Palacio, tiene todo el cariz de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado en claro que la candidata y posible sucesora al poder presidencial lleva el nombre de Claudia Sheinbaum.
Que el escenario es perfecto para sacar de la carrera presidencial al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casubón, pero también al titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, en medio de la disputa y la búsqueda de culpables por una tragedia, donde la injerencia y responsabilidades son compartidas.
Casualmente ayer, se difundió el decreto presidencial que en 2019 creó la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria bajo la órbita de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Todo lo anterior y con la ‘Ley en la mano’, ha provocado el deslinde a nivel nacional de Adán Augusto, pero también el ‘deslinde’ de Marcelo, que ha preferido no abundar sobre los hechos y señalar que ahora es momento, no de hacer política, sino de realizar las tareas que a quien le corresponden.
“Dejo cualquier consideración de índole política para otros momentos. Cada cual debe hacer lo que le corresponde en esta hora”, publicó el canciller en su cuenta de Twitter.
Pero allá en la capital del país, donde los ‘golpes’ y los ‘pisotones’ están a la orden del día, crece la idea de responsabilizar de todo lo ocurrido a Marcelo Ebrard, y de pasadita culpar también a Adán Augusto López, y lo hacen con ‘singular alegría’, nos cuentan, los seguidores de la ‘corcholata’ y gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
Especialmente ahora que se acerca el momento de la definición y de las encuestas del presidente.

En Chihuahua, permea la misma sensación y deslinde de los ‘activos’ del gobierno de la 4T, donde el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar y el representante del gobierno federal en el estado, Juan Carlos Loera, por igual, se deslindan de los sucesos ocurridos en la tragedia de los migrantes.
Radicales y obradoristas, difunden que es momento en que Marcelo y Adán Augusto deben abdicar en sus aspiraciones a la ‘Grande’.
Fue, por cierto, el operador de la política interna del gobierno, Adán Augusto López quien por presunta instrucción presidencial abrió la ‘caja de pandora’, y se soltaron todos los demonios, cuando el pasado martes dijo en una entrevista radiofónica:
“El secretario de Gobernación no es el encargado de operar el sistema migratorio. Aunque formalmente es la Secretaría de Gobernación para efectos administrativos, hay un acuerdo al interior del gobierno. Es Marcelo, el secretario de Relaciones Exteriores, quien se encarga del tema migratorio. Pues primero es un asunto de trabajo en equipo, de responsabilidades compartidas”.
Dicen que el presidente de México ni las manitas metió. Que dejó correr las turbulentas y negras aguas en las alcantarillas de la política nacional.
Y que, desde Palacio, para evitar una “crisis interna”, sacaron el decreto del 19 de septiembre de 2019.
Que las responsabilidades migratorias recaen sobre la cancillería.
Se le vino el mundo abajo a Marcelo Ebrard, y todo apunta a que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en medio de la tragedia, ha decidido ponerle nombre al fiel de la balanza.
Es decir, que las próximas encuestas favorecerán a la jefa del gobierno de la Ciudad de México.

INM y Delegación de Bienestar, responsables
Después del mucho bla, bla, bla, de los legisladores del Congreso en la Cámara Alta, que exigieron justicia y aplicar el peso de la Ley, a propuesta del senador por Chihuahua, Rafael Espino de la Peña, en el contenido de su narrativa sobre la tragedia, la acusación de facto y de responsabilidad del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la delegación del Bienestar Social que en Chihuahua encabeza Juan Carlos Loera.
A un lado del senador, otra legisladora chihuahuense, la académica juarense, Bertha Caraveo.
Sobre el muerto, las coronas. El Grupo Parlamentario en el Senado dijo que la tragedia no puede quedar como un lamentable accidente o descuido. Lo sucedido con los migrantes en Ciudad Juárez debe investigarse.
Y fueron al punto: “Que les corresponde primeramente a las representaciones del Instituto Nacional de Migración y a la Delegación del Bienestar en Chihuahua la supervisión de los servicios y los programas a cargo de las dependencias y entidades…” y no lo dice este periodista, lo dicen los señores en el Senado de la República.
La delegación del Bienestar en Chihuahua y en general todos los delegados del Bienestar ubicados en las zonas fronterizas responsables de revisar de forma exhaustiva las condiciones que guardan los centros de control migratorio. Zas!, diría El Jefazo.

‘Crimen de Estado’ en el depósito trasero
En la peor de las crisis que enfrenta el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a causa de las malas políticas migratorias, de sur a norte y de norte a sur, la condena es unánime.
En los hechos, ante los ojos del mundo por la tragedia de los 40 migrantes que fallecieron el pasado lunes 27 de marzo, a causa del siniestro en la estación migratoria del puente internacional de Stanton-Lerdo, que fueron recluidos y privados de su libertad, sin sentencia, ni juicio, se traduce en un ‘crimen de Estado’.
Lo describió así, simple y llanamente, y sin mayores conjeturas, al margen de las investigaciones que se realizan por parte del aparato de justicia mexicano, uno de los tantos cibernautas seguidores del periodista de Univisión, Jorge Ramos, en su cuenta de twitter.
En el centro del país, otro periodista de renombre y de izquierda, Julio Hernández, que por décadas ha escrito la columna Astillero en el periódico La Jornada, acusó al presidente de México de ser el responsable en el rediseño general de la histórica política migratoria mexicana y de la operación constantemente denunciada del Instituto Nacional de Migración (INM).
“La rendición de la tradicional política mexicana en materia de migrantes antes las presiones del entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien además de otros personajes que fueron miembros de su gabinete, se han jactado de la fácil manera en que lograron doblegar al canciller mexicano, Marcelo Ebrard y, por extensión, al gobierno del presidente de México”, escribió el periodista en la edición del impreso ayer miércoles.
El asunto de la tragedia, donde Juárez es nuevamente el epicentro de los hechos, tal y como lo comentamos en Torre Fuerte, escalando a nivel internacional, y golpeando las estructuras del poder de la 4T.
El periodista de La Jornada lo dice sin empacho: “Ni Sánchez Cordero (desde su paso por Gobernación, donde le quitaron facultades a granel, hasta dejarla convertida en ornamento político) ni Lopez Hernández (con la vista puesta en 2024) tuvieron los arrestos políticos para negarse a que el tema migratorio, que por normatividad le correspondería, fuera asumido por el secretario multitareas, Ebrard.
“En los hechos, la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, se convirtieron en la migra de la 4T. Establecieron un control férreo de los cruces en la frontera sur mexicana (transformada así es una especie de tercera frontera de Estados Unidos) y aceptaron una vergonzosa versión del “tercer país seguro”, con México como depósito trasero de indocumentados devueltos de Estados Unidos”…

Goray Yosiaka y Gaytán Saucedo, al paredón
Los enterados de los entuertos en el bajo mundo del hampa, señalan a Daniel Goray Yosioka, jefe de la estación del puente internacional Lerdo y a Roberto Gaytán Saucedo, subjefe del puente internacional Guadalupe-Tornillo, como presuntos partícipes de una estructura criminal relacionada con el cruce de inmigrantes que llegan a la frontera y que tendrían implicación directa en la muerte de los 40 indocumentados.
Es decir, que ambos funcionarios son señalados como “polleros arreglados”, pero desde el interior del gobierno, y los mismos que en otras ocasiones han sido señalados en la estructura de corrupción, pero amparados por la responsabilidad de los cargos burocráticos y las ‘charolas’ de la Secretaría de Gobernación, esas que pesan y definen el rumbo y destino de miles de migrantes en la frontera del norte de Chihuahua.
Pero existen mas implicados en la ‘cloaca’ del Instituto Nacional de Migración y de los responsables que asumen tareas y poder al amparo de la SEGOB.
En la tragedia que envuelve a Juárez y que ha vuelto a ‘oscurecer’ la frontera, la repartición de culpas es generalizada, de pies a cabeza, o desde la cabeza hasta los pies en el cuerpo de las responsabilidades.
Le pega directo y sin concesión a los titulares de Gobernación, Relaciones Exteriores y Migración, pero en Ciudad Juárez la presunta vinculación de funcionarios del INM con el crimen organizado, es también parte de una larga historia…

Organizaciones y Colectivos exigen justicia
El posicionamiento “urgente”, de poco más de 200 organizaciones civiles y colectivos, redactado y difundido el pasado martes con respecto a la tragedia de los 41 migrantes muertos en la estación del INM en Juárez, es lo más parecido a una amplia ‘Carta a Santo Clós’.
Ellos, junto a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, el clero y muchas otras iglesias cristianas que proclaman la fe, justicia y salvación en el mundo de los terrenales, también son corresponsables de la tragedia, pero no los han enterado.
No legitiman en los hechos su función de contrapeso de los gobiernos cuando pudieron hacerlo, pero al sonar de las campanas -por no decir de las trompetas del Apocalipsis– son los primeros que se apuntaron para exigir que caiga el peso de la justicia y de la ley sobre los responsables.
Argumentan que denunciaron las condiciones de privación de la libertad y de hacinamiento existentes desde septiembre de 2022, pero igualmente nadie les hizo caso. Dejaron correr las aguas…
En su lista responsabilizan al Gobierno Federal, por la ausencia de protocolos y una política de estado para garantizar los derechos y protección de los migrantes y solicitantes de asilo. Hablan las organizaciones de las omisiones por parte de las autoridades en el INM y condenan a quienes intentan minimizar los hechos ocurridos.
Afirmar que lo sucedido fue consecuencia de una protesta/motín, como lo señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la mañanera del martes sobre el incidente en Juárez, es “especular” y “revictimizar”
Pero le piden al presidente garantizar el acceso a los servicios de salud, adelantar proceso de identificación y entrega digna de los restos de los cuerpos a las familias de las personas fallecidas, asumir costos de repatriación de los fallecidos, investigar hechos e identificar a los funcionarios responsables y la destitución inmediata del comisionado Francisco Garduño Yáñez.
Al INM responsabilizarse y explicar lo sucedido y hasta ponerle un ALTO a la militarización de las fronteras y a la participación de la Guardia Nacional en las acciones de control migratorio.
Al Congreso de la Unión, particularmente a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Moratorios del Senado a legislar por la excepcionalidad de la detención por razones migratorias y acatar el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación No 184/2022 que declara inconstitucional el procedimiento de revisión migratoria que se efectúa en lugares distintos al de transito internacional que deriva en la detención y alojamiento en estaciones migratorias del INM.
Al gobierno de Ciudad Juárez que cesen de inmediato los operativos de detención y explicación de aquellos donde han resultado detenidas personas en contextos de movilidad, específicamente lo ocurrido en el operativo del 27 de marzo.
Renuncia de las autoridades municipales que resulten responsables al extralimitar sus facultades en operativos y un alto a los discursos de odio, criminalización y estigmatización a personas en situación de movilidad.
Una disculpa pública por parte del presidente municipal “por todos los discursos de odio”, “estigmatización” y “criminalización” realizados a lo largo del año.
Una larga carta de peticiones, de buenos deseos y de mejores intenciones, como las cartas de la Navidad y la exigencia de los inocentes niños que creen en Santo Clós.
